Las niñas y las adolescentes están invisibilizadas en el Presupuesto Público de Guatemala

El principal hallazgo del estudio “Inversión pública dirigida a Niñas y Adolescentes 2017 – 2018” es que las Niñas y las Adolescentes no están visibles dentro en el Presupuesto Público de Guatemala. “No existen suficientes ni adecuados programas dentro de la estructura programática del Presupuesto de la Nación, para cerrar las brechas en la cobertura de los Derechos de las Niñas y las Adolescentes”, dijo Enrique Maldonado, consultor que desarrolló la investigación.
La Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez –CIPRODENI-, presentó el estudio la mañana del jueves 10 de octubre durante la conmemoración del Día de la Niña, en el marco del Proyecto “Programa de Apoyo a la Sociedad Civil” –PASC– que se implementa con la asistencia técnica y financiera de Save the Children International.
Maldonado indicó que la atención estatal a los embarazos en Niñas y Adolescente se realiza desde cuatro programas. “Lo ideal es que exista uno que se concentre en las áreas donde el problema ocurre en mayor intensidad, por ejemplo, Petén y Alta Verapaz”, señaló.
La inversión pública en Niñas y Adolescentes en Guatemala fue de 1.2% el Producto Interno Bruto -PIB- para 2017, mientras que en 2018 alcanzó 1.3%, lo que significa que, de cada 100 quetzales, solo uno es destinado para garantizar los Derechos de las Niñas y las Adolescentes en Guatemala, según el estudio. Otro dato que revela es la inversión pública en Niñas y Adolescentes Mujeres como porcentaje del Gasto Público del Gobierno Central, 7.1% en 2017 y 7.4% en 2018.
“Más allá de la cuantificación es necesaria la calidad de los presupuestos”, advirtió el consultor. Los presupuestos de las instituciones públicas de Guatemala tienen mínima credibilidad “porque son modificados durante su fase de ejecución; lo que significa que los Planes Operativos Anuales no se respetan, sino que son usados como instrumentos para obtener presupuesto público”, explicó.
Otto Rivera, Secretario Ejecutivo de la CIPRODENI dijo que el Gato Público destinado a Niñez y Adolescencia, en promedio nacional, es de Q8.89, para cubrir Salud, Alimentación, Educación, Protección Integral; Deporte, Cultura y Recreación. “En el caso de las Niñas y las Adolescentes, el promedio nacional llega a Q. 5.00 diarios, lo que en la realidad concreta es mucho menos que eso”, dijo.
“La evidencia demuestra que la desatención de la que han sido objeto las Niñas y las Adolescentes ha dado como resultado: sus infancias robadas; siguen estando invisibilizadas en el presupuesto; no son prioridad macroeconómica ni presupuestaria; Guatemala debe transitar más allá de la cuantificación a la calidad del gasto público”, señala el estudio en sus conclusiones.
Las recomendaciones
- Para que funcione el andamiaje institucional de la administración pública la primera condición es el compromiso político.
- Gestionar adecuadamente los escasos recursos que actualmente hay para este grupo etario
- El criterio de oportunidad y celeridad de la inversión pública para las niñas dependerá en gran medida de que se hagan los ajustes institucionales y legales para beneficiar a ellas
- Rescate y fortalecimiento de la Administración Tributaria
- No hay excusa para que no exista un registro de beneficiarios del actuar de la administración pública con el máximo nivel de detalle posible y que debería contener al menos: edad simple, género, orientación sexual, territorialidad, ascendencia étnica (entre otros).
- Para aquellas privaciones de derechos humanos más graves que existen en el país para las niñas y adolescentes (como el embarazo o las uniones a temprana edad) debería de existir un programa específico pues actualmente son actividades dispersas en los Ministerios de Salud, Desarrollo, Educación y la Secretaría de Bienestar Social.
- El Ministerio de Gobernación debe fortalecer sus esfuerzos en identificar lugares del país con altas tasas de “no denuncia” para fomentar esta, y así dirigir de mejor manera sus esfuerzos con un enfoque de territorialidad.
- Futuras intervenciones de política social deben estar dirigidas (sobre todo) para madres en pobreza extrema y de preferencia de ascendencia étnica indígena.